Europa reflexiona sobre la soberanía digital y lo que significaría desconectarse de la tecnología estadounidense

Imagina que tus tarjetas bancarias, el acceso a las tiendas en línea y la mayoría de los servicios digitales que usas a diario dejan de funcionar de la noche a la mañana. No puedes comprar en Amazon, no puedes hacer transferencias bancarias internacionales, incluso usar el dólar se vuelve problemático. Para la jueza canadiense Kimberly Prost, esto no es una hipótesis, sino una realidad.

Estados Unidos la incluyó en una lista de sanciones económicas durante la administración Trump después de que, como jueza de la Corte Penal Internacional, participara en la decisión de investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán, incluida la conducta de las tropas estadounidenses. Prost describió las consecuencias de las sanciones como "paralizantes": su nombre apareció en la misma lista que el de terroristas, hackers y espías.

Advertencia para Europa

El caso Prost ha suscitado un debate más amplio en Europa sobre la dependencia digital y tecnológica de Estados Unidos. Líderes políticos y legisladores advierten cada vez más que las disputas geopolíticas y las decisiones impredecibles de Washington pueden tener un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas y el funcionamiento de los países.

El jefe belga de ciberseguridad, Miguel De Bruycker, advirtió recientemente que Europa ha perdido internet, ya que Estados Unidos controla gran parte de la infraestructura digital y financiera mundial. Afirmó que ahora es casi imposible almacenar datos exclusivamente en Europa sin la influencia indirecta de empresas estadounidenses.

La política recurre a sus propias soluciones

El Parlamento Europeo adoptó un informe el 22 de enero en el que se insta a la Comisión Europea a identificar áreas en las que la Unión Europea podría reducir su dependencia de proveedores extranjeros. Según los eurodiputados, la UE y sus 27 Estados miembros dependen actualmente de países no europeos para más del 80 % de sus productos, servicios e infraestructuras digitales.

Aunque la votación no es vinculante, ya se están tomando medidas concretas. El gobierno francés ha anunciado que eliminará gradualmente el uso de Zoom y Microsoft Teams en la administración pública, sustituyéndolos por la plataforma de videoconferencia Visio, de desarrollo propio.

Viejas preocupaciones con una nueva apariencia

El debate sobre la soberanía digital en Europa no es nuevo. Ya en 2001, la Ley Patriota estadounidense, promulgada tras los atentados del 11 de septiembre, permitió una amplia vigilancia de las comunicaciones, incluso en países aliados. En 2011, Microsoft admitió que, como empresa estadounidense, podía verse obligada a entregar los datos de los usuarios europeos a las autoridades estadounidenses, pero el alcance real de la vigilancia no se hizo público hasta 2013, con las revelaciones de Edward Snowden.

La situación actual es diferente, pero los problemas siguen siendo similares. Los servicios digitales se han convertido en infraestructura esencial, por lo que las decisiones políticas tienen consecuencias tecnológicas directas.

El impulso para alejarse de la tecnología estadounidense no se limita al ámbito nacional. Tanto particulares como profesionales del sector tecnológico también reclaman alternativas, a menudo soluciones de código abierto. Están surgiendo guías y plataformas que animan a los usuarios a cambiar de las grandes empresas tecnológicas a alternativas europeas o independientes.

Por ejemplo, el periodista Paris Marx ha preparado una guía para abandonar los servicios tecnológicos estadounidenses, y sitios web como switch-to.eu y European Alternatives ofrecen iniciativas similares.

Mirando hacia el futuro

El debate sobre la soberanía digital revela una tensión fundamental en el mundo moderno: la tecnología, que se supone conecta y simplifica la vida, también se ha convertido en una herramienta de influencia geopolítica. Las iniciativas europeas para lograr una mayor independencia de la tecnología estadounidense aún se encuentran en sus primeras etapas, pero casos como el de Kimberly Prost demuestran por qué estos problemas son cada vez más urgentes.

La pregunta ya no es si Europa necesita más soberanía digital, sino cuánto riesgo está dispuesta a correr si no la consigue.