Se presenta la primera denuncia penal por usar el código de borrado de emergencia del teléfono.

El sistema judicial estadounidense ha asumido un caso que podría sentar un precedente importante para todos los usuarios de funciones de seguridad avanzadas en teléfonos inteligentes. Los fiscales federales han presentado una acusación formal contra Samuel Tunick, de Atlanta, acusándolo de destruir intencionalmente evidencia digital al proporcionar al personal del aeropuerto una supuesta contraseña de emergencia a su regreso a casa.

El incidente se basa en el funcionamiento del sistema operativo GrapheneOS. Se trata de una versión personalizada de Android, diseñada principalmente para los smartphones Google Pixel, que prioriza la privacidad. Este sistema permite establecer un código especial que, al introducirse, no desbloquea el dispositivo, sino que activa inmediatamente un comando para borrar por completo todos los datos almacenados. El demandado impugna la legalidad de la acción con la ayuda de sus abogados y solicita la exclusión de todas las pruebas del proceso.

El incidente ocurrió en el aeropuerto Hartsfield-Jackson cuando los agentes fronterizos entregaron a un pasajero para una inspección adicional. El equipo legal del acusado argumenta que la detención fue ilegal porque no se le permitió contactar a un abogado ni se le informaron debidamente sus derechos. Los agentes del orden argumentaron que no necesitaban una orden judicial para registrar sus pertenencias personales porque el pasajero aún no había ingresado oficialmente a los Estados Unidos. Cuando los agentes ingresaron el código proporcionado, la pantalla del dispositivo se apagó, parpadeó varias veces y el teléfono se reinició con la memoria completamente vacía.

La fiscalía se ampara en una ley federal que prohíbe la destrucción o el daño intencional de la propiedad para impedir su incautación oficial. Tunick se ha declarado inocente. Expertos legales y grupos de defensa de los derechos digitales, incluida la Electronic Frontier Foundation, afirman que se trata de un caso totalmente novedoso. El uso de esta ley junto con las funciones de autodestrucción nunca se había aplicado en los tribunales.

El caso está generando un intenso debate sobre el alcance de los derechos constitucionales de las personas al cruzar fronteras y los límites del uso permitido de las herramientas de privacidad. La decisión del tribunal sobre la solicitud de exclusión de pruebas se conocerá en los próximos meses.