El Tribunal Constitucional bloquea la ley que restringía el uso de redes sociales a menores de 15 años.

La prevista implementación de una ley francesa que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años se ha topado con un obstáculo legal insuperable. Si bien el Parlamento aprobó la propuesta por abrumadora mayoría en julio (279 votos a favor y 81 en contra), el artículo fundamental no superó el control constitucional. El poder judicial reconoció la importancia de proteger a los menores de los peligros en línea, pero advirtió al mismo tiempo que el método elegido era simplemente inaceptable y desproporcionado con respecto a los objetivos perseguidos.

La legislación prohibiría inicialmente la creación de nuevos perfiles para menores de 15 años, mientras que las cuentas existentes se congelarían gradualmente durante cuatro meses. La responsabilidad de la verificación de edad recaería en los propios sitios web, que tendrían que adaptar sus mecanismos a las leyes de privacidad locales. La medida se aplicaría a las principales redes sociales como Meta Facebook, Meta Instagram y ByteDance TikTok, mientras que los servicios educativos, las enciclopedias en línea y las plataformas de código abierto estarían exentos. La iniciativa también se enmarca dentro de un conjunto más amplio de restricciones que incluye la prohibición del uso de teléfonos inteligentes en las escuelas secundarias.

A pesar de las excepciones mencionadas, el tribunal detectó varios problemas graves. En concreto, la ley abarcaría servicios cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los adolescentes no se han demostrado adecuadamente. Además, un sistema de verificación de edad de este tipo obligaría a todos los usuarios adultos a acreditar su edad, y los promotores no definieron con precisión las salvaguardias ni los límites de dicho control.

El promotor de la medida, el presidente Emmanuel Macron, siguió el consejo de los profesionales y la voluntad de la ciudadanía al respaldar la ley. Tras la decisión del órgano constitucional, el gobierno deberá reescribir todo el texto legislativo. Si bien el objetivo de proteger a los jóvenes de la adicción y el contenido dañino sigue vigente, el legislador deberá crear un instrumento más moderado que permita distinguir con mayor precisión entre los riesgos de cada plataforma y respete la libertad de comunicación.