Francia quiere gravar cada gigabyte transferido.

Cada gigabyte de datos enviados por las plataformas en línea a los usuarios franceses podría estar sujeto a un nuevo impuesto. El 30 de octubre, la Asamblea Nacional francesa aprobó, por una estrecha mayoría de 11 votos contra 10, una enmienda a la ley de presupuestos de 2027 que prevé la introducción de un impuesto sobre el tráfico de internet.

La propuesta establece un impuesto de 5,5 céntimos por cada gigabyte transferido. Este impuesto no lo pagarían los usuarios ni los proveedores de servicios de internet, sino las empresas que ofrecen contenido y servicios en línea. Entre los principales contribuyentes estarían Google, Meta, Amazon y Netflix. Así es como las autoridades francesas conciben la ley, pero lo cierto es que, tarde o temprano, este impuesto recaería sobre los consumidores. No debemos engañarnos pensando que las empresas asumirán esta carga por completo.

Los operadores de internet controlarían la cantidad de datos transferidos y proporcionarían trimestralmente a la administración tributaria datos agregados sobre el tráfico de cada proveedor. La propuesta no permite conocer el contenido de las comunicaciones.

El proponente, Laurent Lhardit, estima que el Estado podría recaudar alrededor de 10.000 millones de euros anuales. La obligación tributaria estaría limitada a un máximo de 15.000 millones de euros de los ingresos de una empresa en Francia, o 2.000 millones de euros de sus ingresos totales.

El gobierno francés se opone a la propuesta, advirtiendo de las posibles consecuencias para las pequeñas empresas y los servicios digitales nacionales. También existe el riesgo de que los proveedores trasladen parte de los nuevos costes a los abonados.

La organización sin ánimo de lucro VideoLAN, desarrolladora del reproductor gratuito VLC, también señala los problemas, afirmando que gravar las descargas de software podría suponer una carga importante para ella.

El impuesto aún no ha sido aprobado definitivamente. La enmienda debe someterse a un procedimiento legislativo adicional, durante el cual los diputados pueden modificarla o eliminarla.